La Plataforma por el Derecho a la Vivienda de Castilla-La Mancha se ha sumado a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre por los sindicatos CCOO y UGT, en respuesta a las reivindicaciones de la Confederación de Sindicatos de Inquilinas e Inquilinos.
La plataforma ha hecho un llamamiento a las organizaciones, colectivos y ciudadanos de la región para que se adhieran a la convocatoria y participen en las movilizaciones que se organicen en Castilla-La Mancha con motivo de esta jornada.
Entre sus principales demandas se encuentran frenar la especulación inmobiliaria, reforzar la seguridad de los contratos de alquiler y evitar los desahucios de personas vulnerables cuando no exista una alternativa habitacional. También reclama ampliar el parque público de viviendas y promover alquileres sociales y asequibles gestionados por las administraciones.
El colectivo defiende que la vivienda debe tratarse como un derecho fundamental y no como un bien de consumo, y considera que las administraciones tienen la responsabilidad de garantizar el acceso a un hogar adecuado.
Críticas a la política de vivienda de la Junta
La plataforma ha dirigido parte de sus críticas al Gobierno regional, al que reprocha no haber impulsado medidas suficientes para regular el mercado del alquiler en Castilla-La Mancha. En concreto, señala que no se ha declarado ninguna zona de mercado residencial tensionado en la comunidad autónoma, pese a que, según sostiene, varios municipios reúnen los indicadores necesarios.
También cuestiona que la respuesta regional a la crisis de vivienda se haya centrado principalmente en la construcción de nuevas viviendas y la reclasificación de suelo. Frente a este enfoque, defiende dar mayor prioridad a la adquisición de viviendas ya existentes y al uso de herramientas como el tanteo y el retracto.
Asimismo, critica la Ley de medidas urgentes para la movilización de suelo, el impulso de la vivienda y la simplificación urbanística de Castilla-La Mancha, al considerar que prioriza la construcción y la reclasificación de terrenos frente a otras medidas que, a su juicio, podrían ofrecer respuestas más rápidas y eficaces.
Reclaman una alternativa habitacional para las familias vulnerables
Otro de los puntos señalados por la plataforma es la falta de una respuesta coordinada entre las distintas administraciones ante los desahucios que afectan a familias vulnerables.
El colectivo sostiene que la Junta no garantiza una alternativa habitacional en todos estos casos y denuncia que la responsabilidad queda repartida entre distintas consejerías y los ayuntamientos, sin un protocolo claro de coordinación.
La plataforma también defiende el papel de los sindicatos de inquilinas en la convocatoria, destacando el trabajo que desarrollan acompañando a familias afectadas por desahucios y denunciando situaciones relacionadas con el acceso a la vivienda.
Por último, reivindica la legalidad de la huelga y defiende que el derecho a la movilización puede amparar reivindicaciones de carácter político, económico y social, más allá de los conflictos estrictamente laborales.
