El Gobierno ha aprobado este martes un Real Decreto-ley con nuevas medidas para reforzar la seguridad ferroviaria tras el accidente de Urda (Toledo), en el que fallecieron 69 personas. Entre las novedades, la norma reconoce el derecho del personal con funciones de seguridad operacional a interrumpir la marcha de un tren o decidir no iniciarla cuando detecte una situación de riesgo grave e inminente.
La medida, aprobada por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, también contempla una mayor protección para los trabajadores que comuniquen posibles fallos o situaciones de peligro, con garantías de confidencialidad y protección frente a represalias laborales.
El objetivo del Ejecutivo es reforzar la prevención de accidentes y mejorar las condiciones de seguridad en el transporte ferroviario, además de responder a las reivindicaciones planteadas por los sindicatos del sector.
Los trabajadores podrán parar un tren ante un peligro grave
Una de las principales novedades del Real Decreto-ley es la incorporación del principio de «cultura justa» a la legislación ferroviaria. Esto permitirá que los trabajadores con funciones de seguridad operacional comuniquen posibles riesgos a través de canales internos o sistemas públicos de notificación que garanticen su confidencialidad.
La norma establece que podrán adoptar las medidas necesarias y proporcionadas para evitar o limitar situaciones de riesgo grave e inminente. Entre ellas se contempla detener un tren que ya esté en circulación o negarse a iniciar su marcha.
Los trabajadores deberán comunicar estas decisiones sin demora a los agentes correspondientes. Además, estarán protegidos frente a posibles sanciones o represalias por informar de riesgos o actuar para preservar la seguridad, salvo en casos de actuación dolosa, mala fe o negligencia grave.
Más controles y cambios en los tiempos de conducción
El decreto también refuerza las competencias de supervisión e inspección de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF).
A partir de esta modificación, las entidades ferroviarias deberán facilitar el acceso de los supervisores a sus instalaciones, trenes y equipos cuando sea necesario para realizar inspecciones. Esta obligación se aplicará incluso cuando el material o las instalaciones pertenezcan a otra entidad ferroviaria.
Otro de los cambios afecta al cómputo de los tiempos de conducción de los maquinistas. La nueva regulación precisa qué actividades deben contabilizarse como tiempo de conducción, incluidas las maniobras en las que se maneja el tren en movimiento y determinadas interrupciones durante las que el profesional sigue siendo responsable del vehículo.
También se computarán íntegramente los periodos inferiores a 45 minutos entre una actividad de conducción y su reanudación por el mismo maquinista, con independencia de que durante ese intervalo realice otras tareas o quede relevado de determinadas responsabilidades.
Cambios en la jubilación del personal ferroviario
La norma incluye además una ampliación de la protección social para los profesionales del sector. En concreto, extiende el régimen de Seguridad Social relativo a los coeficientes reductores de la edad de jubilación al personal de empresas ferroviarias que operan en líneas interoperables y en la Red Ferroviaria de Interés General.
La intención es garantizar la igualdad de trato entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones, especialmente en actividades consideradas penosas o peligrosas.
Asimismo, se iniciará un procedimiento de revisión de estos coeficientes para estudiar la incorporación de otras categorías profesionales ferroviarias expuestas a trabajos penosos, tóxicos, peligrosos o insalubres.
Con estas medidas, el Gobierno busca reforzar los mecanismos de seguridad y supervisión del sistema ferroviario después del grave accidente ocurrido en Urda, uno de los siniestros que ha marcado la actualidad de Castilla-La Mancha en las últimas semanas.
