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Piden siete años de cárcel para un hombre acusado de agredir sexualmente a una compañera con discapacidad en una residencia de Albacete

La Fiscalía solicita siete años de prisión para un hombre acusado de agredir sexualmente a una compañera de residencia en Albacete, una joven de 23 años con discapacidad intelectual que, según el escrito de acusación, se encontraba dormida cuando ocurrieron los hechos. El juicio está previsto para el próximo 14 de octubre en la Audiencia Provincial de Albacete.

Los hechos se remontan a la madrugada del 5 de junio de 2022, cuando, según el Ministerio Fiscal, el acusado entró en la habitación de la joven y, tras comprobar que estaba dormida, le tocó la vagina y le introdujo un dedo por la abertura genital.

Tanto el acusado como la víctima residían en un centro de Albacete destinado a personas con discapacidad intelectual. El hombre, identificado por las iniciales D.M.H., tiene un diagnóstico de retraso mental ligero y estaba bajo la tutela de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, con la Fundación Futucam a cargo de su atención.

La joven, de 23 años en el momento de los hechos, tenía una discapacidad reconocida del 88% debido a un retraso mental moderado. De acuerdo con el escrito fiscal, necesitaba supervisión continua para desarrollar sus actividades cotidianas y tenía grandes dificultades para comunicar lo sucedido.

La Fiscalía solicita siete años de prisión

El Ministerio Fiscal considera que los hechos son constitutivos de un delito de violación y solicita para el acusado una pena de siete años de cárcel. En su escrito, sostiene que, pese a su discapacidad intelectual, el hombre era consciente de sus actos y de que estaba tocando a una mujer dormida sin su consentimiento.

La acusación señala también que no se objetivó en la víctima ningún trastorno psíquico derivado de los hechos. Esta circunstancia, según el fiscal, no altera la valoración de la conducta que se atribuye al acusado.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía reclama que se le prohíba aproximarse y comunicarse con la víctima durante 15 años. También solicita una medida de libertad vigilada durante ocho años, que se aplicaría una vez cumplida la pena privativa de libertad.

Por último, pide una inhabilitación especial durante 12 años para ejercer profesiones, oficios o actividades, remunerados o no, que impliquen contacto regular y directo con personas menores de edad.

El caso llegará a la Audiencia Provincial de Albacete el 14 de octubre, fecha prevista para la celebración del juicio.

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