Un informe de la Comisión de VIH y Trabajo detecta barreras normativas en varios municipios de Castilla-La Mancha que podrían limitar el acceso de personas con VIH a licencias de taxi. Las organizaciones reclaman actualizar unas cláusulas que consideran obsoletas y discriminatorias.
Los municipios de Albacete, Ciudad Real y Chiloeches figuran entre las localidades españolas que todavía mantienen requisitos administrativos que pueden impedir a personas con VIH ejercer como taxistas.
Así lo recoge un informe elaborado por la Comisión de VIH y Trabajo, integrada por CCOO, UGT, Cesida y FELGTBI+, que ha analizado las normativas municipales relacionadas con el acceso a esta profesión y ha identificado estas barreras en medio centenar de municipios de siete comunidades autónomas.
Reclaman eliminar las referencias genéricas a enfermedades infectocontagiosas
La Comisión de VIH y Trabajo pide revisar con carácter urgente aquellas ordenanzas, reglamentos o procedimientos administrativos que incluyen como requisito no padecer una «enfermedad infectocontagiosa» para obtener una licencia o permiso municipal de taxi.
Las organizaciones consideran que este tipo de cláusulas no se ajustan a la evidencia científica actual y pueden generar situaciones de exclusión laboral para las personas que viven con VIH.
Como alternativa, plantean sustituir estos requisitos genéricos por certificados médicos que acrediten únicamente si existe algún impedimento físico o psíquico que pueda afectar al desempeño de la profesión.
En la comunidad autónoma, el informe sitúa a Albacete, Ciudad Real y Chiloeches entre los municipios con normativas que deben ser revisadas.
La Comisión reclama que la actualización no se limite al sector del taxi y que las administraciones públicas revisen cualquier regulación que pueda suponer una limitación injustificada del derecho al trabajo de las personas con VIH.
Una petición para acabar con las barreras administrativas
Las entidades impulsoras del informe defienden que la eliminación de este tipo de requisitos debe formar parte de una política pública basada en la igualdad de oportunidades y la no discriminación.
Además, ofrecen su colaboración a las administraciones para identificar y modificar aquellas normas que, aunque puedan estar redactadas de forma aparentemente neutral, continúan generando efectos excluyentes.
