El sacerdote José Luis Galán, condenado a ocho años de prisión por abusos sexuales a una menor, continúa recibiendo una asignación económica por parte de la Archidiócesis de Toledo, según un reportaje publicado por Código Nuevo.
Galán ingresó en prisión en 2024 después de que el Tribunal Supremo ratificara la sentencia, que también establecía una indemnización de 100.000 euros a la víctima.
A pesar de la condena firme, la diócesis mantiene el pago de una asignación mensual, que define como una “asignación básica” destinada a su subsistencia.
La Archidiócesis sostiene que los sacerdotes no mantienen una relación laboral con la Iglesia, sino una vinculación de carácter no contractual, lo que permite este tipo de pagos incluso durante el cumplimiento de condena.
El caso ha generado controversia y ha reabierto el debate sobre los criterios de actuación de la Iglesia en situaciones de condenas por abusos sexuales.
