La nueva plataforma está integrada inicialmente por CCOO, UGT y varias organizaciones sociales y anuncia su intención de adherirse a la plataforma regional por el derecho a la vivienda
La Plataforma Albacete por el Derecho a la Vivienda ha echado a andar en la provincia de Albacete con el objetivo de reunir a movimientos y organizaciones sociales que trabajan para hacer frente a la crisis de la vivienda y a la especulación que, según denuncian, ha provocado la situación actual.
La plataforma está integrada inicialmente por CCOO Albacete, UGT Albacete, Asociación Desarrollo Sostenible, Albacete por Palestina, Amigos de Antonio Machado, ACAIM y FAVA.
Entre sus primeras actuaciones se encuentra la voluntad de adherirse a la Plataforma Regional por el Derecho a la Vivienda, al compartir su análisis sobre la situación del acceso a la vivienda en Castilla-La Mancha.
En este sentido, la plataforma albaceteña señala que ningún municipio de Castilla-La Mancha ha sido declarado hasta ahora zona residencial tensionada, pese a la subida de los precios de la vivienda que, según sostiene, se ha producido especialmente en las cinco capitales de provincia y en municipios de zonas como el Corredor del Henares o La Sagra, por su proximidad a Madrid.
Piden declarar Albacete zona tensionada
Entre sus principales reivindicaciones se encuentra la declaración de Albacete como zona tensionada, una medida que consideran necesaria para contribuir a la contención de los precios.
También reclaman medidas de prevención y protección frente a los desalojos, así como la regulación del alquiler de temporada, de habitaciones y turístico, con límites en los municipios que presenten una mayor tensión residencial para evitar, según explican, que viviendas destinadas al alquiler de larga duración salgan de este mercado.
La plataforma plantea además la creación de un decreto de habitabilidad propio para Castilla-La Mancha que establezca garantías ante el aumento de la conversión de locales comerciales, oficinas y naves en viviendas.
El objetivo, según la plataforma, es evitar que la búsqueda de soluciones ante la escasez de vivienda pueda derivar en situaciones de infravivienda.
Por último, las organizaciones aseguran que trabajarán para reclamar una mayor implicación de las administraciones públicas en la construcción de vivienda pública, al considerar que adaptar la oferta a las necesidades existentes requiere tiempo y que es necesario actuar en distintos ámbitos de forma paralela.
