El PSOE de Castilla-La Mancha ha decidido pedir la retirada del Congreso de la reforma del Estatuto de Autonomía de la región, un texto que había sido pactado con el PP en las Cortes autonómicas y que llevaba meses pendiente de avanzar en la Cámara Baja. La decisión abre un nuevo escenario político en Castilla-La Mancha y enfrenta de nuevo a PSOE, PP y Vox sobre el contenido y el futuro de la norma institucional básica de la comunidad.
El secretario de Organización del PSOE regional, Sergio Gutiérrez, ha explicado que los socialistas han solicitado un debate en las Cortes de Castilla-La Mancha para plantear formalmente la retirada. Según ha argumentado, el plazo para alcanzar un acuerdo entre PSOE y PP «caducaba esta legislatura» y existe el temor de que el texto pueda ser modificado en el Congreso en una próxima legislatura.
Agua, derechos sociales y número de diputados, en el centro del conflicto
La principal preocupación expresada por el PSOE se centra en que una eventual modificación del acuerdo pueda afectar a cuestiones que considera esenciales para Castilla-La Mancha. Gutiérrez ha señalado específicamente al trasvase Tajo-Segura, las referencias a la igualdad y el Consejo de Diálogo Social, además de denunciar los supuestos acuerdos del PP con Vox.
La polémica tiene su origen, entre otras cuestiones, en las diferencias surgidas durante la tramitación parlamentaria. El PP presentó enmiendas para mantener la horquilla de diputados de las Cortes regionales entre 25 y 35, frente al máximo de 55 que contemplaba el acuerdo inicial alcanzado con el PSOE. Vox, por su parte, rechazó la reforma y planteó sus propias modificaciones.
Gutiérrez ha defendido que el proyecto aprobado por unanimidad en las Cortes de Castilla-La Mancha dejó de ser únicamente un acuerdo entre partidos para convertirse, a su juicio, en un texto del conjunto de la ciudadanía.
El PP acusa al PSOE de bloquear el Estatuto
El Partido Popular mantiene una interpretación completamente diferente. Su vicesecretario regional de Comunicación, Santiago Serrano, ha atribuido el bloqueo de la reforma a la pretensión socialista de aumentar el número de parlamentarios en las Cortes regionales.
El PP sostiene que el texto contiene otros aspectos relevantes para Castilla-La Mancha, como la protección de los servicios públicos, la actualización de competencias y las referencias a sanidad, educación y servicios sociales. Los ‘populares’ han señalado que consideran que el texto sigue siendo válido pese a la retirada planteada por el PSOE.
Vox reivindica la retirada como una victoria política
Vox también ha celebrado la decisión, aunque desde un planteamiento distinto. El presidente de su Grupo Parlamentario en Castilla-La Mancha, David Moreno, ha asegurado que la retirada supone, en su interpretación, una «victoria política» de su formación.
Moreno ha defendido que Vox se opuso desde el principio al aumento del gasto político y al incremento del número de diputados y ha acusado al PSOE de haber planteado una reforma cuyo objetivo, según su valoración, era aumentar la representación parlamentaria.
La formación también ha reclamado que los recursos públicos se destinen a ámbitos como la sanidad, la educación, la seguridad, la vivienda y el apoyo a los agricultores.
Un Estatuto que vuelve a quedar pendiente
La reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha llegó al Congreso después del acuerdo alcanzado entre PSOE y PP en la región y fue tomada en consideración por la Cámara Baja con 288 votos a favor, 34 en contra y 13 abstenciones. Posteriormente recibió cerca de un centenar de enmiendas de los distintos grupos parlamentarios. EEuropa Press
Ahora, la petición del PSOE devuelve el Estatuto al centro del debate político regional. El futuro del texto queda condicionado por la retirada que los socialistas pretenden tramitar en las Cortes de Castilla-La Mancha y por las posiciones enfrentadas de los tres principales grupos de la oposición y el Gobierno regional.
Para Castilla-La Mancha, el debate no se limita al número de diputados: el contenido del futuro Estatuto afecta a cuestiones como las competencias autonómicas, los servicios públicos, los derechos sociales y el agua, uno de los asuntos políticos de mayor sensibilidad para la comunidad.
