La Guardia Civil retiró seis medios de captura prohibidos que suponían un grave riesgo para la fauna salvaje, incluidas especies protegidas como el lince ibérico.
La Guardia Civil investiga a un cazador por un presunto delito contra la flora y la fauna tras localizar varios lazos de cable de acero ilegales instalados en un coto de caza del término municipal de Orgaz (Toledo).
La actuación se enmarca dentro de la ‘Operación Orlaz’, desarrollada por agentes del Equipo de Protección de la Naturaleza (Eprona) de Toledo, después de recibir un aviso sobre la presencia de estos dispositivos en el coto.
Instalados en zonas de paso de fauna salvaje
Según ha informado la Guardia Civil, los lazos se encontraban colocados y preparados para su uso en pasos habituales de fauna silvestre, lo que supone un importante riesgo para numerosas especies.
Este tipo de trampas está prohibido por la legislación al tratarse de métodos de captura no selectivos y especialmente lesivos. Además de provocar graves sufrimientos a los animales atrapados, pueden afectar a especies protegidas, entre ellas el lince ibérico, una de las más emblemáticas y vulnerables de la fauna española.
Identificado el presunto responsable
Las investigaciones permitieron identificar a una persona como presunta responsable de la instalación de estos dispositivos.
Durante la actuación, los agentes retiraron del medio natural seis lazos de cable de acero, evitando así que pudieran seguir utilizándose y previniendo los daños que la captura ilegal de fauna habría podido causar al ecosistema de la zona.
La Guardia Civil ha destacado también la colaboración de los guardas rurales encargados de la vigilancia del coto de caza, cuya actuación resultó fundamental para el desarrollo de la investigación.
Se enfrenta a penas de prisión e inhabilitación
El investigado podría enfrentarse, según recoge el Código Penal, a una pena de prisión de cuatro meses a dos años o a una multa de ocho a veinticuatro meses por un presunto delito contra la fauna.
Además, podría ser condenado a la inhabilitación para ejercer actividades relacionadas con la caza o la pesca durante uno a tres años, así como a la privación del derecho a la tenencia y porte de armas durante ese mismo periodo.
