Cientos de postales firmadas por ciudadanos y ciudadanas de Castilla-La Mancha han sido enviadas al presidente de la Junta, Emiliano García-Page, para reclamar que se asegure el derecho al aborto en la sanidad pública, cerca del domicilio y sin situaciones de acoso o intimidación.
La iniciativa, promovida por organizaciones como Amnistía Internacional, CCOO y Ágora Feminista de Albacete, refleja la preocupación de la sociedad ante las dificultades que todavía existen para ejercer este derecho de manera accesible. Según los datos recopilados por estos colectivos, más del 60% de las mujeres de la región que desean interrumpir su embarazo deben desplazarse a otras comunidades autónomas.
Entre 2010 y 2023, de los 47.239 abortos realizados a usuarias del Sistema Nacional de Salud de Castilla-La Mancha, solo 18.895 se llevaron a cabo en centros públicos de la región, mientras que la práctica en clínicas privadas o concertadas representa el 99,94% del total. Estos datos señalan la necesidad de reforzar la organización de los servicios sanitarios para garantizar que el derecho se cumpla plenamente.
Los colectivos destacan además la limitada información pública disponible sobre la interrupción voluntaria del embarazo, que actualmente se centra principalmente en el teléfono Salud Responde, y subrayan la importancia de protocolos claros y accesibles para quienes buscan este servicio. También recuerdan la necesidad de medidas efectivas frente al acoso y hostigamiento en las puertas de las clínicas, un problema que sigue afectando a mujeres y profesionales sanitarios.
La entrega de las postales se suma a las acciones que estas organizaciones han impulsado en los últimos años, incluidas concentraciones en las capitales de provincia coincidiendo con el Día Internacional por el Aborto Legal y Seguro. Las solicitudes de reuniones con el Consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz, y la Consejera de Igualdad, Asara Simón, así como con Presidencia de la Junta, no han obtenido respuesta hasta el momento.
Con esta acción, los colectivos buscan mantener vivo el debate sobre el acceso efectivo al aborto en la sanidad pública, recordando que la ley establece que la objeción de conciencia debe ser individual y que los servicios deben garantizar siempre el personal necesario para que el derecho se ejerza de manera segura y oportuna.
