El Gobierno de Castilla-La Mancha está estudiando las cerca de 700 alegaciones recibidas al borrador del decreto que regulará la instalación de plantas de biometano en la región. La Junta asegura que analizará todas las aportaciones antes de continuar con la tramitación y que incorporará al texto aquellas propuestas que permitan mejorarlo.
La futura regulación llega después de meses de debate en torno a este tipo de instalaciones. La Junta defiende el biometano como una vía para aprovechar residuos orgánicos procedentes de actividades agrícolas, ganaderas y agroindustriales y producir energía renovable. Al mismo tiempo, plataformas vecinales y otros colectivos han expresado su preocupación por el impacto que determinadas plantas pueden tener sobre el territorio y los municipios en los que se instalen.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha explicado este jueves en Toledo que algunas de las alegaciones recibidas cuentan con cientos o incluso miles de firmas. Por ello, las cerca de 700 alegaciones registradas no equivalen necesariamente a 700 personas o colectivos diferentes. «Algunas de esas alegaciones llevan tras de sí «muchas firmas», es decir: una alegación está firmada por un colectivo de 500 o mil personas», ha apuntado.
¿Por qué generan debate las plantas de biometano?
El biometano se obtiene a partir del tratamiento de materia orgánica y residuos para producir un gas renovable. En Castilla-La Mancha, la Junta considera que estas instalaciones pueden contribuir a valorizar residuos procedentes principalmente de la actividad agrícola y ganadera.
El problema se encuentra en cómo y dónde se implantan las plantas.
Las plataformas que se han mostrado contrarias a determinados proyectos han puesto sobre la mesa cuestiones como los posibles olores, el incremento del tráfico de camiones que transportan residuos, la protección de los recursos hídricos, la gestión del digestato -el material que queda después del proceso de digestión- y el impacto territorial de instalaciones de grandes dimensiones.
También ha generado críticas el papel de los llamados proyectos prioritarios. El borrador contempla determinadas excepciones para este tipo de proyectos, una cuestión que las plataformas contrarias consideran que podría limitar la capacidad de los ayuntamientos para oponerse a determinadas instalaciones.
No obstante, el debate no se limita a quienes rechazan estas plantas. También se han planteado alegaciones desde el sector de gestión de residuos para modificar algunos de los requisitos previstos en el borrador.
¿Qué plantea el decreto?
El borrador establece una serie de condiciones para intentar compatibilizar el desarrollo del biometano con la protección ambiental y de los municipios.
Entre otras medidas, plantea que, con carácter general, las plantas se sitúen a una distancia mínima de dos kilómetros de determinados suelos residenciales y de cuatro kilómetros cuando se trate de instalaciones que procesen cadáveres de animales.
También establece que al menos el 80% de los residuos utilizados proceda del municipio donde se ubique la planta o de un radio máximo de 35 kilómetros. El objetivo es favorecer el uso de residuos de proximidad y reducir el transporte desde lugares alejados.
El texto incluye además medidas sobre el tráfico de camiones, los olores, la protección de las aguas subterráneas y la gestión del digestato.
En el caso de los olores, por ejemplo, contempla estudios específicos de dispersión y sistemas de monitorización. Para proteger los recursos hídricos establece distancias respecto a determinadas captaciones y masas de agua, además de medidas para evitar filtraciones en las zonas de almacenamiento.
Los ayuntamientos también tendrían un papel en el procedimiento, ya que el promotor deberá aportar documentación municipal favorable para la instalación. Sin embargo, esta participación tiene excepciones en el caso de determinados proyectos considerados prioritarios, uno de los puntos que más debate ha generado.
Un debate que viene de atrás
La elevada participación en el actual proceso no es un hecho aislado. El anterior Plan Regional de Biometanización de Castilla-La Mancha recibió más de 15.000 alegaciones y fue retirado por la Junta en junio.
El nuevo decreto pretende sustituir aquel planteamiento por una regulación específica que establezca las condiciones bajo las que podrán desarrollarse estas instalaciones en la región.
El decreto todavía puede cambiar
La normativa todavía no está aprobada definitivamente. La Junta se encuentra ahora analizando las aportaciones recibidas y deberá completar las siguientes fases de tramitación antes de que el decreto pueda entrar en vigor.
Mercedes Gómez ha insistido en que el Gobierno regional estudiará todas las alegaciones y modificará el borrador cuando considere que las propuestas contribuyen a mejorar la futura regulación.
El objetivo, según la Junta, es establecer unas «reglas del juego» conocidas tanto por los promotores de las plantas como por los ayuntamientos y los ciudadanos.
Sin novedades sobre las nuevas reglas del trasvase
Durante su comparecencia, la consejera también ha sido preguntada por las nuevas reglas del trasvase y por los contactos con el Ministerio para la Transición Ecológica.
Gómez ha asegurado que, por el momento, la Junta no tiene «ninguna noticia ni ninguna información al respecto» y ha indicado que la demanda del Gobierno regional continúa su recorrido por la vía judicial.
