El presidente de Castilla-La Mancha considera que la situación es un problema de seguridad nacional y pide al Gobierno cumplir su compromiso de devolver a quienes hayan entrado ilegalmente
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha calificado este miércoles los acontecimientos registrados en Ceuta en las últimas semanas como «una invasión» y «una violación de la integridad territorial», al tiempo que ha reclamado una respuesta del Estado y un Pacto de Estado sobre migración.
García-Page se ha pronunciado sobre la situación durante su visita a Navalcán (Toledo), donde ha inaugurado unas instalaciones deportivas. A su juicio, lo ocurrido en Ceuta «no es un problema en sí mismo de migración», sino «un problema claramente de seguridad nacional» al que, ha defendido, se debe responder «con toda la fuerza del Estado».
El presidente regional ha criticado la actuación del Gobierno de España, que considera «evidentemente insuficiente» y ha señalado la imagen de «impotencia en el control de las fronteras». También ha aludido a las discrepancias entre las versiones ofrecidas por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, sobre la información disponible antes de la entrada masiva en Ceuta.
En este contexto, García-Page ha asegurado que dará «todo su apoyo» al ministro Ángel Víctor Torres al frente del mando único establecido para coordinar la respuesta a la situación en Ceuta. El Gobierno declaró este martes la ciudad como zona de interés para la seguridad nacional ante la presión generada por la entrada irregular de personas migrantes y la afectación sobre servicios públicos y capacidades de control fronterizo.
Page pide «serios» con la figura del rey
El presidente de Castilla-La Mancha también se ha referido a la controversia en torno a una posible visita del rey Felipe VI a Ceuta. En este sentido, ha pedido «ser serios» y que «se dejen de enredar con la figura del rey».
«Cuando es un problema de seguridad nacional, el rey tiene que acometer y acomodarse a las consignas del Gobierno y, por tanto, que nadie juegue con valores que están muy por encima», ha afirmado. Page ha añadido que hay que confiar en que el Consejo de Seguridad Nacional «tome decisiones» y «tome medidas».
Reclama un Pacto de Estado sobre migración
Más allá de la situación concreta de Ceuta, García-Page ha reclamado la apertura de negociaciones entre el Gobierno y la oposición para alcanzar «un auténtico pacto de Estado en relación con la migración».
A su juicio, un acuerdo de estas características debería quedar al margen del enfrentamiento político y del «populismo barato», tanto de un extremo como del otro.
«Se necesita que se saque del frentismo barato y del populismo barato el cómo tratar humana y legalmente a las personas que quieren venir desde fuera por necesidad», ha defendido, aunque ha remarcado que «todo tiene que tener un límite y todo tiene que tener un perímetro».
Page reclama devolver a quienes hayan entrado ilegalmente
Preguntado por el posible reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, el presidente regional ha reclamado al Gobierno que cumpla «con la palabra que ha dado» y que devuelva «a todos los que han entrado ilegalmente».
«Lo contrario sería tanto como provocar nuevas invasiones», ha afirmado García-Page, quien ha insistido en que, si se considera lo ocurrido una vulneración de la integridad territorial de España, el Ejecutivo debe cumplir el compromiso que, según ha señalado, ha adquirido públicamente.
En este punto, Page ha recordado que Castilla-La Mancha «acoge desde hace ya años a muchos más menores emigrantes de los que le corresponden por nuestra propia población». No obstante, ha asegurado que la región continuará prestando «todos los servicios que se nos pidan dentro de las leyes», aunque ha reclamado medidas de control fronterizo para evitar que la situación se convierta en «el cuento de nunca acabar».
La declaración de interés para la seguridad nacional de Ceuta, publicada este miércoles en el BOE, contempla una coordinación reforzada de las administraciones y estará vigente inicialmente hasta el 31 de diciembre, con posibilidad de prórroga o finalización anticipada en función de la evolución de la crisis.
