Castilla-La Mancha gestionará 280 millones de euros dentro del nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, aprobado este martes por el Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
La cantidad supone un fuerte incremento respecto al plan anterior, en el que la región recibió 75 millones de euros, lo que representa 205 millones más para políticas de vivienda durante los próximos cinco años.
La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, destacó tras el Consejo de Ministros que el nuevo plan busca reforzar la función social de la vivienda.
“El nuevo Plan Estatal blinda la protección pública de la vivienda. Nunca más, con dinero público, se va a poder especular con la vivienda”.
¿En qué se invertirá el dinero en Castilla-La Mancha?
El Gobierno ha explicado que los fondos se repartirán en tres grandes líneas:
- 40% para construcción y compra de viviendas
- 30% para rehabilitación del parque residencial
- 30% para ayudas a colectivos vulnerables y territorios con mayores necesidades
Entre los objetivos también figuran mejorar la accesibilidad, impulsar la eficiencia energética y ampliar la oferta de vivienda protegida.
Ayudas para jóvenes y atención al medio rural
El nuevo plan contempla medidas para facilitar la emancipación juvenil y reducir el esfuerzo económico que supone acceder a una vivienda.
Además, tendrá especial atención al mundo rural, una cuestión clave en Castilla-La Mancha, con ayudas orientadas a rehabilitar viviendas vacías, mejorar inmuebles y favorecer que más personas puedan vivir en pequeños municipios.
Protección permanente de la vivienda pública
Una de las principales novedades será que las viviendas construidas con fondos públicos quedarán bajo protección permanente, evitando operaciones especulativas futuras.
También se incorporará una cláusula antifraude y un sistema público de datos para mejorar la transparencia en las adjudicaciones.
Plan de 7.000 millones en toda España
El Plan Estatal de Vivienda movilizará 7.000 millones de euros en toda España mediante un sistema de financiación compartida:
- 60% aportado por el Gobierno de España
- 40% por las comunidades autónomas
