Castilla-La Mancha ha dado el primer paso para intentar poner más suelo público al servicio de la vivienda. Las Cortes regionales han aprobado la toma en consideración de una proposición de ley que busca facilitar la construcción de viviendas protegidas y públicas y reducir los trámites urbanísticos y administrativos.
La iniciativa ha salido adelante con los votos a favor del PSOE y la abstención de PP y Vox, por lo que ahora continuará su tramitación parlamentaria y podrá ser modificada mediante enmiendas.
La propuesta, impulsada por el Gobierno regional, pretende actuar sobre varios aspectos a la vez: desde la disponibilidad de suelo hasta los procedimientos necesarios para poner en marcha nuevas promociones de vivienda.
¿Qué plantea la nueva ley?
Uno de los principales objetivos es aprovechar terrenos y patrimonio público para aumentar la oferta de vivienda protegida.
El texto contempla que los ayuntamientos puedan vender suelo público incluso por debajo de su valor de mercado, llegando hasta el 50%, siempre que los terrenos se destinen a la construcción de viviendas sometidas a algún tipo de protección pública.
La propuesta también plantea que, en determinadas zonas rurales, pueda transformarse suelo rústico en urbanizable para construir vivienda protegida.
Otro de los puntos es la reducción de los tiempos administrativos y urbanísticos. La intención es que las promociones residenciales puedan ponerse en marcha de una manera más rápida, especialmente en municipios que afrontan problemas relacionados con el reto demográfico.
Además, la iniciativa busca facilitar la colaboración con empresas privadas para hacer viables proyectos destinados a construir vivienda protegida.
También contempla actuar en barrios degradados
La proposición de ley incluye herramientas para intervenir en zonas que presentan problemas como infravivienda, contaminación o deterioro de las viviendas.
El PSOE ha defendido que estas actuaciones permitirían transformar determinados barrios sin trasladar todo el problema a las administraciones municipales y contando también con la experiencia del sector privado.
PP y Vox piden cambios
La abstención de PP y Vox ha permitido que la propuesta supere este primer trámite, aunque ambos grupos han cuestionado distintos aspectos del texto.
El PP considera que la iniciativa es «insuficiente y tardía» y ha reclamado que se concrete cuántas viviendas permitirá generar, en qué municipios y cuándo podrían estar terminadas.
También ha puesto el foco en los jóvenes que disponen de una parcela en pequeños municipios y quieren construir su primera vivienda, reclamando que los retrasos administrativos no les hagan perder posibles ayudas.
Vox coincide en la necesidad de disponer de más suelo y reducir la burocracia, pero considera necesario revisar cuestiones relacionadas con el planeamiento municipal, las competencias de los ayuntamientos y la seguridad jurídica.
La ley todavía tiene recorrido por delante
El consejero de Fomento, Nacho Hernando, ha ofrecido a PSOE, PP y Vox trabajar conjuntamente durante la tramitación para intentar alcanzar un acuerdo sobre el texto.
Por ahora, las Cortes únicamente han aprobado que la proposición de ley continúe su tramitación. Por tanto, las medidas planteadas todavía pueden cambiar antes de que se produzca una eventual aprobación definitiva.
El objetivo de la reforma es que haya más suelo disponible y más vivienda protegida, especialmente en municipios donde las dificultades para acceder a una vivienda se suman a los problemas derivados de la despoblación.
