Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves una modificación de la Ley de Evaluación Ambiental que refuerza el papel de los ayuntamientos en la tramitación de plantas de biometano que pretendan instalarse en sus términos municipales. La reforma, promovida por el Grupo Parlamentario Socialista, ha salido adelante con los votos favorables del PSOE y el rechazo de PP y Vox.
La principal novedad de la norma es que el pleno de cada municipio afectado deberá emitir un pronunciamiento expreso sobre la conformidad o no de la implantación de estas instalaciones. En caso de que el ayuntamiento dé su visto bueno, la tramitación podrá continuar, mientras que un rechazo motivado supondrá la finalización del procedimiento y la imposibilidad de ejecutar el proyecto en los términos planteados.
Durante el debate parlamentario, el diputado socialista Francisco Barato ha defendido que la reforma supone pasar de una participación municipal meramente informativa a una intervención «clara, formal y efectiva». Según ha explicado, los municipios que tendrán que convivir con el tráfico, los accesos, los olores, el impacto sobre el territorio y los posibles efectos sobre la agricultura o la ganadería deben tener capacidad para pronunciarse sobre estos proyectos.
La modificación introduce ocho cambios en la Ley de Evaluación Ambiental de Castilla-La Mancha, cinco de ellos dirigidos a reforzar el papel de las entidades locales, tanto en aquellos casos en los que el ayuntamiento tenga competencias para autorizar un proyecto como cuando la instalación se ubique en su término municipal o pueda afectar directamente a la localidad.
Desde el Partido Popular, el diputado Santiago Lucas-Torres ha criticado que la Junta traslade a los ayuntamientos una responsabilidad que, a su juicio, corresponde a la Administración autonómica. El parlamentario popular ha acusado al Gobierno regional de utilizar a los alcaldes como «escudo político» ante la controversia generada por la proliferación de proyectos de plantas de biometano y ha advertido de la falta de medios técnicos de muchos municipios para afrontar estas decisiones.
Por su parte, el diputado de Vox, Francisco José Cobo, ha rechazado la modificación al considerar que aumentará la burocracia y puede generar problemas en proyectos que afecten a varios municipios. También ha cuestionado que el nuevo sistema aporte mayor seguridad jurídica.
La consejera de Desarrollo Sostenible, Mercedes Gómez, ha defendido la reforma al considerar que refuerza la autonomía local y garantiza que los municipios puedan pronunciarse sobre la implantación de plantas de biometano en su territorio. Además, ha señalado que los ayuntamientos podrán contar con el apoyo técnico de la Junta de Comunidades y de las diputaciones provinciales para analizar los proyectos.
